De ahí que los empleados de las administraciones públicas que ejercen poderes públicos tengan estatus de funcionario y no les pueda despedir el político de turno.
Mucha gente pide que los funcionarios tengan la misma precariedad laboral que en una empresa privada. La diferencia es que en la empresa privada quien decide sobre tu renovación de contrato (directivos, accionistas) tienen casi siempre como interés principal la eficiencia, hacer más dinero. Con algún amiguismo y corruptela de por medio, también. Pero en general es así.
En cambio, en las AA.PP. quien manda (los politicos) no necesariamente tiene como principal interés la eficacia. Sino, por ejemplo, poner a los de su cuerda. Volver a una situación de libre despido del empleado público no crearía eficiencia, sino cesantías masivas de estilo galdosiano.