Me alegro de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que determina que los jueces españoles pueden juzgar delitos contra la humanidad. Si nuestros jueces pueden juzgar a los responsables, ¿por qué nuestros policías no pueden detenerlos? Si nuestros jueces no precisan de la autorización de la ONU (es decir, de EE.UU., Rusia, China, Gran Bretaña y Francia) para juzgarlos, ¿por qué nuestros policías o nuestros militares precisan de esa misma autorización?

Esa sentencia legitima la guerra de Irak. Esa sentencia legitimaría cualquier acción legal contra Castro o contra las guerrillas de extrema-izquierda de Colombia. El Tribunal Constitucional acaba de cargarse cualquier resquicio de legislación internacional. Y tiene razón. Un país tiene todo el derecho a perseguir a canallas criminales contra la humanidad porque el delito que cometen no es solo contra las personas asesinadas porque lo hacen para amedrentar y violar la libertad de las personas. Ninguna frontera debe impedir que aquellos que disfrutemos de la libertad, defendamos la libertad de nuestros semejantes. No solo por consideraciones solidarias, sino porque nuestra propia seguridad y libertad está en juego. El mundo será más libre y más seguro si los tiranos saben que no van a poder salirse con la suya.

Pero también debemos considerar el coste económico y en vidas humanas que puede suponer ese sacrificio. Esto debe hacernos muy cautelosos a la hora de iniciar esa lucha pero no por ello menos determinantes. A pesar de lo dictado por el Tribunal Constitucional, España no tiene capacidad para ser el gendarme del mundo. Pero los países que conformamos el mundo libre debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad.