Hace unos días, Rallo expuso en su bitácora la problemática del déficit público y la necesidad de prohibirlo. Realmente el problema no está en el déficit público, crear una ley o cambiar la constitución para prohibirlo supone confiar en los instrumentos del estado para evitarlo.

El problema reside en la deuda pública. Nadie prohíbe a una empresa tener pérdidas, pero en el caso de las sociedades mercantiles los accionistas saben que únicamente pueden perder el patrimonio ya comprometido en la compra de las acciones. Por esa razón los proveedores y prestamistas dejan de financiar una empresa cuando consideran que existe riesgo de no poder recuperar sus fondos. Esto supone que los accionistas tienen limitadas sus pérdidas algo que cobra especial relevancia cuando la gestión es desarrollada por directivos que no son propietarios de la empresa. Incluso en los clubs de fútbol se exige a los directivos que avalen los presupuestos para evitar gestiones ineficaces que arruinen el patrimonio del equipo. Por el contrario los gestores del Estado tienen carta blanca para incurrir en todos los déficit que deseen porque serán pagados por sus votantes o por las generaciones futuras.

El pasado 17 de agosto apareció una noticia en el diario Expansión que mostraba la preocupación de los directivos del banco italiano BNL por el impago de los préstamos que tiene otorgados a Irak. Préstamos que fueron concedidos en los tiempos de Saddam Hussein y que éste utilizo discrecionalmente para construir sus palacios o regalar los coches deportivos de sus hijos o para comprar las armas biológicas que masacraron a los kurdos. Sinceramente alguien puede considerar que los kurdos están obligados a pagar esa deuda que no quisieron contraer.

Los diferentes gobiernos democráticos de nuestro país han realizado diversas rupturas con el régimen franquista. Cambiaron el escudo, cambiaron la esfinge de las monedas, cambiaron las calles, retiraron sus estatuas,... pero ninguno ha dejado de pagar la deuda contraída por el dictador. ¿Por qué? Porque necesitan dar una señal al mercado de que esa deuda va a ser pagada para poder contraer nuevos endeudamientos.

Los liberales no anarquistas pueden reconocer la legitimidad de unos representantes elegidos por los ciudadanos para decidir cómo gastar los recursos aportados para cumplir unas determinadas misiones, ¿pero qué derecho asiste a una generación para endeudar, empobrecer y robar a las siguientes? ¿Se imaginan que alguien nos reclamara un préstamo impagado por otra persona que compró un Seat 600 hace cuarenta años? Eso es lo que padecemos con la deuda pública y lo que trasladamos a las siguientes generaciones.

Alguno me puede contestar que aunque paguemos dicha deuda, también disfrutamos de las carreteras o los embalses construidos en el pasado. ¿Pero quién nos asegura que esas infraestructuras no han sido pagadas ya con los impuestos de nuestros antepasados? ¿Quién nos asegura que lo que verdaderamente estamos pagando no sean gastos prescindibles u ostentosos? ¿Por qué otra generación debe pagar las decisiones energéticas o estructurales del pasado? ¿Qué impide al político de turno seguir trasladando la repercusión del coste a generaciones todavía venideras?

Si Rajoy fuera liberal y valiente debería proponer el impago la deuda pública. Con esa sencilla decisión, sin avatares legales o constitucionales, se quebraría la confianza de los inversores en la recuperación de sus fondos. De esta manera los inversores dejarían de actuar como colaboradores necesarios en la estafa que urden los políticos de todos los partidos.


Navidad es una época en la que los niños le piden a Papá Noel qué es lo que quieren y los adultos pagan por ello. El déficit del estado es cuando los adultos le piden al gobierno lo que quieren y los niños pagan por ello.

Richard Lamm
(un enemigo del ‘gran estado’ pero que no era liberal sino nacionalista como Xala i Martín)