El conocido autor del libro 'Economía liberal para no econimistas y no liberales' ha hecho una propuesta de reforma de la financiación autonómica desde las páginas de Barcelona Radical. Os la reproduzco y aprovecho para realizar algunos comentarios que encontrareis en negrita.

Entre los problemas de la economía catalana, destaca el de su pertinaz déficit fiscal con España. Y es que, a pesar de que sus ciudadanos pagan los impuestos que les corresponde, el Estado gasta en Catalunya mucho menos de lo que sería razonable. Aunque ni mando ni asesoro a ninguna de las partes implicadas, permítanme que hoy haga, desde aquí, una propuesta de reforma basada en cuatro puntos.

La 'disculpa' del pertinaz déficit fiscal me suena a la 'disculpa' de la pertinaz sequía del escaso desarrollo económico en los primeros años de la pasada dictadura. Siempre la culpa es del enemigo externo.

Primero, Catalunya debe tener una agencia tributaria propia. Además de darle poder de negociación, eso la protegerá ante las potenciales arbitrariedades de futuros gobiernos radicales -de derechas o de izquierdas- españoles.

Yo propongo una agencia tributaria individual, de esta forma cada uno de nosotros se protegería ante potenciales arbitrariedades de futuros gobiernos nacionales, autonómicos o municipales.

Segundo, Catalunya debe decidir los impuestos que mejor se adapten a su estructura económica -que es distinta de la española- con el objetivo de fomentar el crecimiento y el bienestar de sus ciudadanos.

Yo propongo que cada uno decida los impuestos que mejor se adapten a su estructura económica ya que en cada caso es distinta. No es igual la estructura de Botín, de un fontanero, de un ganadero o de un funcionario. No es la misma la estructura económica de los dueños de Freixentet, que la de un agricultor de Lérida que la de un abogado de Barcelona. Y tampoco coincide la estructura económica de un municipio industrial de las afueras de Barcelona, con las de un municipio turístico de Gerona o la de un barrio de oficinas de Barcelona.

Tercero, con el dinero recaudado se pagará al Gobierno español la parte proporcional de los gastos indivisibles centrales como embajadas, ministerios o ejército porque éstos deben ser divididos solidariamente entre todos los ciudadanos a los que, presumiblemente, benefician. Hasta aquí, creo, todos los partidos catalanes están de acuerdo.

Cuarto, Catalunya pagará a España una contribución adicional (aunque algunos políticos hablan de cuota de solidaridad, amí no me gusta esa palabra porque es vaga y, en consecuencia, susceptible de generar arbitrariedades fiscales. Propongo llamarla contribución adicional para que todo el mundo entienda que es una contribución que suplementa lo que ya se ha pagado de acuerdo con el apartado anterior). Esta contribución adicional debe ser transparente, pública, verificable y sujeta a tres principios fiscales fundamentales.

El primero es el de la equidad: todos los ciudadanos deben ser tratados igual, por lo que el gasto por habitante debe ser el mismo en todo el territorio. Eso implica que la proporción de toda la recaudación fiscal de España que va a parar a Catalunya debe ser igual a la población relativa. Dado que Catalunya tiene el 15% de la población española, el criterio de equidad sugiere que la fracción del dinero español que debe quedarse en Catalunya es del 15%.

De la misma forma se puede pedir que el gasto estatal de cada individuo o municipio sea idéntico con su población. Por esta razón yo debería recibir la misma proporción de gasto público que otro cualquiera. Pongamos 1.000€ anuales en sanidad. Por tanto si yo no me pongo enfermo y no acudo al hospital, el Estado debería devolverme esos 1.000€. Si otra persona tiene un problema de salud que se resuelve con un tratamiento de 2.000€ entonces el gasto público debería ser solo de 1.000€. Extrapolemos este ejemplo individual a un municipio, a una provincia o a una comunidad autónoma.

El segundo principio es el de la eficiencia: el Estado no sólo está para redistribuir, sino que también debe fomentar la eficiencia económica. En este sentido, las regiones que más generan, deben tener más servicios públicos: hay que hacer más carreteras allí donde hay más camiones. O sea, que el gasto relativo debe ser igual al PIB (o al esfuerzo fiscal) relativo. Dado que Catalunya genera el 19% del PIB español, el 19% del dinero público debe quedarse aquí (21% si escogemos el esfuerzo fiscal relativo).

Esto es lo más gracioso. Resulta que los que más renta disponen deben disfrutar de mejores servicios. Es decir que el centro de salud de Pedralbes en Barcelona debe tener muchos mejores medios y profesionales que los de un pueblo de Lérida. Pero eso no, ellos quieren igualdad entre ‘catalanes’, ¿pero eso es un razonamiento liberal o incluso económico? Ese es un racionamiento étnico o tribal, para no andarnos con etiquetas: fascista. Ojo, que cuando digo fascista nadie está pensando en cámaras de gas ni nada parecido sino simplemente en un nacionalismo exacerbado aunque más reducido en kilómetro cuadrados que el que tenía Franco.


Para compaginar los principios de equidad y eficiencia, el nuevo sistema de financiación debería, pues, hacer que la cuota adicional sea un promedio ponderado de la población (15%) y renta relativa (19%). La pregunta es: ¿qué peso o importancia debe tener cada uno de los dos factores en la ponderación? La respuesta nos la da el tercer principio fundamental: las políticas de redistribución regional nunca funcionan si son perpetuas: un Gobierno que sabe que va a recibir montañas de dinero cada año, tiene pocos incentivos para comportarse de manera eficiente y sacar su economía del pozo.

El problema de Sala es que más que una revisión de la financiación autonómica nos quiere vender un fondo de desarrollo como los que se diseñan para los países del tercer mundo. Esto sería adecuado si hablaramos de una estructura estatal donde el único gasto pública fuera la ayuda a los necesitados. Pero esto no es el caso, el grueso del presupuesto gastado con los impuestos de los ciudadanos van a parar a sufragar diferentes servicios que realiza el Estado: sanidad, educación, televisión pública, carreteras,... Servicios de los que cualquier liberal desearía deshacerse pero no es lo que nos propone Sala. El economista catalán considera que pagando un porcentaje mayor del déficit de TVE está ayudando humanitariamente a los ciudadanos extremeños.

Por ese motivo, propongo que, en un primer momento, se dé el mismo peso a la equidad y a la eficiencia y que, con el tiempo, la importancia de la eficiencia vaya aumentando, cosa que automáticamente reducirá la contribución adicional. Más concretamente, mi propuesta es que, en el primer año, la proporción del dinero que finalmente se invierta en Catalunya sea igual a un medio de la población relativa más un medio de la renta relativa. El segundo año, las ponderaciones deben ser un tercio para población y dos tercios para la renta. El tercer, cuarto, quinto años, el peso de la población debe pasar a un cuarto, un quinto y un sexto respectivamente, y así sucesivamente (si en lugar de la renta utilizamos el esfuerzo fiscal relativo, la contribución adicional desaparecía a medio plazo).

Si hacen ustedes las matemáticas verán que, concretamente, mi propuesta implica que la contribución adicional del primer año será del 17% de los impuestos pagados por los catalanes, lo cual corresponde a un déficit fiscal del 4,6% del PIB. Esa cantidad refleja una gran solidaridad (¡17% de nuestros impuestos!) y debería ser aceptada por todos aquellos que dicen que los catalanes exageran cuando dicen que el déficit no es del 8% o 9% del PIB.

Si la renta de España no converge con la de Catalunya, el segundo, tercer y cuarto años, la cuota adicional sería del 15,7%, 14,5% y 13,7% de nuestra recaudación. Al cabo de 25 años, los catalanes todavía enviaríamos a España el 10% de nuestros impuestos (o el 2,6% de nuestro PIB). Si, por el contrario, la renta española converge con la catalana, la cuota adicional desaparece automáticamente... como debe ser.

Una ventaja de esta fórmula es que debería ser asumible por todas las comunidades porque, además de redistribuir y tratar a todos los ciudadanos con la equidad que exige la izquierda centralista, fomenta la eficiencia y la racionalidad económica que exige la derecha radiofónica. Es más, al basarse en una regla clara y transparente, impedirá las arbitrariedades actuales y evitará que los incendiarios habituales acusen de insolidarios a quienes, en realidad, resulta que más contribuyen.

Lucharán los partidos. Lloverán insultos. Sea como fuere, queda escrita, aquí y hoy, mi propuesta de finançament.

Aquí insultos ninguno, críticas todas. Se trata de una propuesta nacionalista que proviene de uno que se denomina liberal. Si Sala fuera liberal, haciendo un juego de palabras con el título de la bitácora y sin querer etiquetar a nadie, debería proponer una reforma fiscal que devolviese a los ciudadanos la potestad de elegir el destino de sus impuestos. Y repito, devolver a los ciudadanos, y no a un Estado más pequeño pero manejado por lo mismos políticos derrochadores e ineficientes que encontramos en cualquier nivel de la administración. Una oportunidad perdida por el profesor Sala. Su propuesta únicamente traslada el problema que actualmente tenemos con la administración central a que lo tengamos con la administración autonómica sin llegar al fondo de la cuestión. Se equivocan los nacionalistas clamando que estas reformas ayudarán al despegue de la economía de su región. Nunca en los últimos cincuenta años Cataluña ha disfrutado de mayores competencias ni de mayores fondos para gastar por parte de su gobierno regional, pero su peso económico relativo ha descendido. Políticas más liberales, más aperturistas, más competitivas y menos propulsoras de los oligopolios establecido serán las que lleven la prosperidad a Cataluña. La libertad, y no el nacionalismo, es el ingrediente necesario para la prosperidad.