Si Rajoy fuera liberal debería fijarse en la modernización del sistema de pensiones en Estados Unidos prometida por Bush. En este debate es necesario introducir mayores niveles de racionalidad. ¿Tiene sentido que mi pensión no esté garantizada sino supeditada a la población activa que puede tener mi país dentro de decenios? ¿No es sumamente peligroso que mi sustento en los años en los que pueda no estar en condiciones de trabajar dependa de los cambios legales de unos políticos futuros? El simple hecho que se deban hacer cálculos para comprobar que el sistema va a poder responder a futuros desembolsos introduce un elemento de incertidumbre continua, ya que los datos que se utilizan para calcularlo están continuamente cambiando .

Basándose en una pirámide de población donde los mayores eran escasos y disfrutaban de una reducida esperanza de vida, se estableció un sistema por el que los trabajadores en activo traspasaban parte de su renta a la generación anterior. Los actuales cambios demográficos han encendido las alarmas sobre lo sostenible del sistema. Es cierto que la presencia de emigrantes pueden ayudar a suavizar un próximo desfase del sistema pero no se debe olvidar que dichos emigrantes también supondrán un incremento de los futuros perceptores de pensión.


Además de la sostenibilidad y de la incertidumbre, también es una cuestión de justicia y libertad. El actual sistema exige una serie de mínimos y establece una serie de cálculos pero coarta la libertad del individuo y ataca la justicia. La libertad de decidir qué porcentaje de mis recursos dedico a mi pensión o cuánto debe durar mi vida laboral está anulada por los políticos. El sistema es injusto porque penaliza a los que comenzaron su vida laboral a una edad más temprana, a los que los últimos años disfrutaron de una retribuciones más bajas que cuando eran más jóvenes o a los que tuvieron una vida laboral más larga. La injusticia se ceba con los perceptores de ingresos más escasos impidiéndoles ahorrar y obtener una rentabilidad por dicho ahorro. Justamente el sistema es más injusto con aquellos que la propagan pogre dice defender. Una vez más se muestra que los liberales, lejos de estar con los poderosos, estamos con los humildes y los trabajadores porque no existe justicia sin libertad.

No se trata de privatizar el sistema de pensiones ni de dejarla en manos de los bancos. Es necesario acabar con el actual impuesto confiscatorio denominado ‘cotizaciones sociales’. Se trata de un impuesto que no garantiza nuestras pensiones porque cualquier cambio en la reglamentación legal establecida por los políticos puede empeorar los beneficios que obtienen los pensionistas actuales. Se trata de devolver al individuo la potestad de decidir y asegurar su futuro.