Me molesta cuando se tacha de nacionalista español a todo aquel que se opone a los nacionalistas vascos o catalanes. Creo que cualquier liberal se debe oponer al Plan Ibarreche. A la hora de organizar un conjunto de población en un estado de derecho, el sistema ‘menos malo’ son las elecciones, siempre y cuando las reglas del juega impidan que la mayoría vulneren los derechos elementales de la minoría. Un ejemplo típico es que el 51% no puede decidir esclavizar al 49% restante porque es una decisión electoral pero no democrática. Los liberales defendemos que las limitaciones en la libertad del individuo por parte de la sociedad sean las menores posibles, pero existen y el problema radica en cómo establecemos cuál debe ser el ‘ámbito de decisión’ que marque las mayorías y minorías. Rousseau ya se enfrentó a ese reto y comentó en su ‘Contrato Social’:

‘Antes de examinar el acto por el cual un pueblo elige a un rey sería bueno examinar el acto por el cual un pueblo es tal pueblo; porque siendo este acto necesariamente anterior al otro, es el verdadero fundamento de la sociedad.

En efecto; si no hubiese convención anterior, ¿dónde radicaría la obligación para la minoría de someterse a la elección de la mayoría, a menos que la elección fuera unánime? Y ¿de dónde ciento que quieren un señor tienen derecho a votar por diez que no lo quieren? La misma ley de la pluralidad de los sufragios es una fijación de convención y supone, al menos una vez, la previa unanimidad.’

Esta convención de la que habla Rousseau puede remontarse a lo largo del tiempo de forma indefinida. Al principio solo había conjuntos de individuos nómadas que uniéndose han ido creando tribus, aldeas, burgos o ciudades. Posteriores uniones han creado estados. Dichas uniones se produjeron por diferentes causas pero eso no resta ni un ápice al hecho de la unión. Ortega y Gasset decía que una nación se construye con aguja e hilo pero no con tijeras que separen. Esa idea de ‘no retorno’ o de nueva unanimidad para las uniones de grupos de personas es necesaria para mantener la legitimidad democrática de las elecciones. De lo contrario siempre se pondrá encontrar ‘ámbitos de decisión’ diferentes para cada ley según los intereses de cada colectivo.

Ante esta disyuntiva se plantea el patriotismo constitucional como la identificación de la colectividad en torno a unos valores plasmados en una constitución y no a un territorio o una bandera. Dicho patriotismo contrasta con los nacionalismos que defienden un sentimiento de colectividad fascista. Si el Plan de Ibarreche planteara la devolución de atribuciones del gobierno central a los ciudadanos vascos lo apoyaría, pero lo que defiende es dar esas atribuciones a otro gobierno. Los nacionalistas quieren cambiar el ámbito de decisión actual a otro que les permita obtener la mayoría para detentar el poder, lo que deslegitima cualquier cita electoral porque abre la puerta a que el Municipio de Ermua se erija en ‘ámbito de decisión propio’. Si Rajoy fuera liberal debería defender el rechazo al Plan Ibarreche sobre la base de un contrato social que no se puede romper unilateralmente.